Ley 18248 2q6u4m

EL NOMBRE Y LA LEY 18.248 (*) por Luis MOISSET de ESPANÉS (**) Revista Notarial de Córdoba, año 1970, Nº 19-20, p. 5 ________________ _____________ SUMARIO: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Concepto Elementos Evolución histórica del problema en nuestro derecho Naturaleza jurídica. Características del nombre Protección El prenombre. Elección. Limitaciones a) Prenombre de los hijos adoptivos 7) El apellido a) Hijos matrimoniales b) Hijos extramatrimoniales. Hijos abandonados o expósitos c) Hijos adoptivos d) Castellanización de apellidos extranjeros 8) Nombre de la mujer casada 9) Seudónimo ________________

(*) Se trata del texto original del trabajo, que luego con una actualización se publicó en España, en Información jurídica, como “Notas sobre el Nombre de las personas físicas”. (**) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Diplomado en Derecho Comparado; Laureado por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires; Profesor titular por concurso de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba.

2

1) Concepto El nombre es uno de los atributos de la persona, calificado por muchos como un derecho de la personalidad, que sirve como signo concreto para distinguir al sujeto en su propia individualidad. En las sociedades modernas sirve también para indicar -aunque de manera incompleta-

el estado civil del que lo lleva; por ejemplo, las

mujeres casadas agregan a su apellido de soltera el de su marido, uniéndolo por la partícula "de"; los hijos llevan el apellido de sus padres... En el derecho argentino, antes de la sanción de la ley 18.248 no existía legislación orgánica sobre esta materia; en el Código civil sólo se encontraba una disposición que de modo indirecto hacía referencia al nombre, el artículo 79, y en algunas leyes complementarias, como así también en las leyes provinciales de Registro

Civil,

se

hallaban

también

disposiciones

que

hacían

referencia al nombre. 2) Elementos En general en los sistemas jurídicos contemporáneos, al igual que en el nuestro, el nombre está compuesto de dos elementos. El primero es el prenombre, o nombre de pila, que es el elemento individual que identifica a cada sujeto; y el segundo el apellido, o cognomen,

o

nombre

patronímico,

que

es

el

elemento

familiar

o

colectivo, común a todos los de un grupo familiar, que sirve para indicar la filiación del sujeto y se transmite de generación en generación. En los pueblos primitivos únicamente se conocía predominaba-

-o

el elemento individual, o prenombre, que muchas veces

tenía su origen en alguna aptitud especial del sujeto y servía para caracterizarlo. El nombre patronímico, o apellido, aparece en las sociedades más evolucionadas. Ha sido necesario para ello que la

3 familia alcanzara el grado de cohesión suficiente como para unir entre sí a sus

-no sólo a los que existen en un momento

determinado, sino también a los antepasados y a los descendientes, con

cierta

proyección

hacia

el

futuro-

para

que

el

apellido

adquiriese fisonomía propia y permanencia. Si estudiamos el Derecho comparado advertiremos que algunos códigos extranjeros, como el muy reciente de Portugal de 1967, legislan

lo

relativo

al

nombre;

pero

la

preocupación

por

este

problema recién se ha planteado en el presente siglo, junto con la atención brindada a los derechos de la personalidad. Ello justifica que en nuestro Código sólo se encontrase una referencia aislada al nombre en el artículo 79, que al tratar de la prueba del estado civil de las personas, expresa: “Art. 79.- El día del nacimiento, con las circunstancias del lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, se probará en la forma siguiente...”. Se advierte ya en esta norma la distinción entre los dos elementos a que hemos hecho mención: el prenombre o nombre de pila y el apellido o nombre familiar. La reciente ley 18.248 reconoce la existencia de esos elementos, denominando al primero "nombre de pila" (artículos 2, 3, 13), o simplemente "nombre" (art. 1, incisos 1 a 5 del artículo 3 artículos 15, 17 y 19). PLINER(1)

critica

esta

terminología,

considerando

que

hubiese sido más adecuado hablar simplemente de prenombre, para evitar confusiones, ya que el vocablo "nombre" es utilizado también con un sentido amplio, comprensivo de ambos elementos (prenombre y apellido), en varios artículos de la misma ley (20, 21, 22 y 23), cuando se refiere a la defensa del nombre o del seudónimo. Creemos que le asiste razón, por cuanto la locución "nombre de pila" es un giro metafórico que recuerda que ese elemento se impone a los cristianos en la pila bautismal, y el vocablo "nombre", aunque ha sido utilizado por Vélez Sársfield en el artículo 79, es equívoco. Por ello hubiese sido técnicamente más correcto utilizar 1

. Adolfo PLINER, “La ley del nombre”, J.A., Doctrina 1969, p. 484-501.

4 para el primer elemento la denominación de "prenombre". 3) Evolución histórica del problema en nuestro derecho Durante mucho tiempo lo relativo al nombre se ha regido -en nuestro país-

por la jurisprudencia, los usos y las costumbres.

Posteriormente algunas leyes han incluído normas que regulaban y protegían el uso del nombre en sus distintos elementos (prenombres y apellidos), y también del seudónimo; pero hasta la sanción de la ley 18.248 no existía legislación orgánica sobre esta materia. En el Código civil sólo se encontraba una disposición que de modo indirecto hacía referencia al nombre (artículo 79); y algunas leyes complementarias, como así también las leyes provinciales de Registro Civil, contenían normas que incidentalmente se ocupaban del problema. Dentro de este proceso de evolución podemos mencionar en primer lugar el Decreto 11.609/43, ratificado por la Ley 13.030, que disponía limitaciones en la elección de los prenombres, recogiendo algunas

restricciones

ya

establecidas

con

anterioridad

por

la

jurisprudencia y agregando otras nuevas. Esta regulación de las facultades para elegir el prenombre tiene como fundamento el que el derecho al nombre no es absoluto, como casi ningún derecho. En la mencionada ley se disponía que sólo podían elegirse como nombres aquellos que figurasen en el calendario o en el santoral de la Iglesia católica, o que perteneciesen a próceres de nuestra Independencia, etc. Se prohibía utilizar como nombres palabras que no perteneciesen al idioma castellano o que no hubiesen sido castellanizadas, salvo que se tratase de nombres indígenas ya incorporados al idioma castellano por el uso. Tampoco se itían como nombre vocablos extravagantes, ridículos, contrarios a las buenas costumbres; ni aquellos que expresasen tendencias ideológicas o políticas o que correspondiesen a un sexo distinto al de la criatura. Respecto al apellido encontramos también algunas normas dispersas en diferentes leyes; por ejemplo, la Ley 13.010, del año 1947, que imponía el uso del apellido de soltera estuviese casada-

-aunque la mujer

en los documentos cívicos. Luego, la ley de

5 adopción Nº 13.252 disponía en su artículo 13 que el adoptado debía llevar el apellido del adoptante, sin perjuicio de agregar el suyo propio; y en la Ley 14.367, destinada a suprimir las discriminaciones entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, se regulaba en el artículo 6 lo referente al apellido que debían llevar estos últimos. Y con respecto al seudónimo, encontramos el artículo 3 de la ley 11.723 (derechos intelectuales), destinado a protegerlo. Esta dispersión de normas ha sido superada por la reciente ley 18.248, sancionada el 10 de junio de 1969, que contempla de manera orgánica todos los problemas atinentes al nombre, llenando la laguna que existía en nuestro derecho civil, de la manera que estudiaremos a continuación. 4) Naturaleza jurídica El

problema

de

la

naturaleza

jurídica

del

nombre

ha

provocado serias discrepancias en la doctrina. El criterio predominante afirma que el nombre es un verdadero derecho subjetivo privado, que constituye un atributo de la personalidad y, por tal razón, goza de protección jurídica. Encontramos, sin embargo, matices extremos, pues algunos autores

han

subjetivo,

considerado sino

que

en

que

el

cierta

nombre medida

no

sólo

podía

era

un

derecho

asimilárselo

a

la

propiedad, lo que llegaría a conferirle las características de un derecho absoluto. Sin embargo, esta corriente en la actualidad ha sido totalmente superada. Frente a la concepción que afirma que el nombre constituye un verdadero derecho subjetivo privado, se levanta otra corriente de opinión, que

-sin negarle protección jurídica-

rechaza de manera

terminante que pueda incluírselo en la categoría de los derechos subjetivos. En esta corriente se destaca la concepción de PLANIOL, quien afirma que el nombre más que un derecho es una obligación o deber, ya que responde a necesidades sociales de individualización. Sostiene entonces que el nombre configura una verdadera institución de

"policía

civil"

y

es

la

forma

obligatoria

de

designar

las

personas, es decir una especie de número o matrícula que les serviría

6 de distintivo. Una posición intermedia, o ecléctica, procura conciliar estos puntos extremos, reconociendo que el nombre mira por sobre todas las cosas al interés público y que de allí surgen sus características de inmutabilidad e irrenunciabilidad, pero que al mismo tiempo de la institución del nombre surge un derecho subjetivo privado, que protege al individuo y su integridad personal. Nosotros, siguiendo a nuestro maestro BUTELER (2), creemos que es perfectamente factible conjugar las situaciones de derecho y deber. Indiscutiblemente el nombre es materia de orden público y sirve para distinguir a las personas; se tiende de esta manera a un principio de seguridad, indispensable en la vida de relación. Pero del nombre deriva también un derecho. La usurpación o negación indebida del nombre exponen a la persona a ser confundida en su individualidad y lesionan su patrimonio moral, afectando su filiación, condición social y vida de relación; frente a estos hechos el orden jurídico reconoce el derecho a proteger estos sagrados bienes de la personalidad. Consideramos, por tanto, que es una institución de carácter mixto: un atributo de la personalidad, del cual deriva un derecho subjetivo y también deberes, en cuanto la individualización del sujeto interesa al estado y es materia de orden público. Esta concepción sobre la naturaleza jurídica del nombre ha encontrado acogida en la ley 18.248, que establece en su: “Art. 1º.- Toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo a las disposiciones de la presente ley. Algún autor ha procurado hilar demasiado fino sobre este particular, y critica la ley porque habla de derecho y deber de "usar" un nombre, no del derecho de "tener" un nombre (3), queriendo extraer de aquí la conclusión de que no se ha reconocido el derecho al nombre. Pero, aunque aceptáramos una interpretación tan literal de

2

. José A. BUTELER: Apuntes de clases magistrales, año 1953, versión taquigráfica de L.M.E., bolilla 2. 3

. Adolfo PLINER: La ley del nombre, J.A., Doctrina 1969, p. 484 - 501.

7 los vocablos empleados en el artículo 1º, no debemos olvidar que los artículos 20 y 22 de la misma ley conceden una serie de acciones destinadas a proteger el nombre que le "pertenece" (artículo 21) a la persona. Características del nombre La

jurisprudencia,

en

reiteradas

oportunidades,

ha

consagrado como características propias del nombre la inmutabilidad, obligatoriedad, imprescriptibilidad e inenajenabilidad (4). En primer lugar decimos que es inmutable; el nombre no cambia por el no uso, así como tampoco se adquiere el derecho del nombre por el uso continuado de uno que no le pertenece. Esto último, sin embargo, reconoce alguna excepción para el caso de los niños abandonados o expósitos, que al inscribirse en el Registro del Estado Civil podrán serlo con el apellido que hubiesen usado

(art.

6,

primer

párrafo),

o

de

las

personas

mayores

de

dieciocho años, que carecieren de apellido, que podrán pedir la inscripción “del que hubiesen usado” (art. 6, segundo párrafo). Qué sentido tiene esta inmutabilidad y obligatoriedad del nombre? En realidad son caracteres que miran más hacia las relaciones del individuo con las autoridades públicas, en cuanto frente a dichas autoridades él debe señalarse con el nombre que tiene la obligación de usar, y sólo con ese nombre puede ser designado en los instrumentos públicos. Pero, advirtamos, la inmutabilidad se reduce a los cambios arbitrarios del nombre; luego, no es tampoco absoluta, porque la ley prevé la posibilidad de rectificar o modificar las partidas, aunque sostenga en principio la inmutabilidad. Dice el: “Art- 15.- Después de asentados en la partida de nacimiento el nombre y el apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución judicial, cuando mediaren justos moti-

4

. Ver en José Domingo CIOCCO y Ernesto A. SÁNCHEZ URITE: El nombre de las personas naturales, E.D. 27-953 a 964; fallos citados en nota 13: L.L. 36-408; L.L. 57-69; L.L. 96-586; etc.

8 vos...”. Por

ejemplo,

si

se

tratase

de

un

nombre

ridículo

o

extravagante, o si el apellido hubiese adquirido una triste notoriedad, que haga muy penoso el llevarlo, etc., etc. Ciertamente deben mediar razones serias para pedir al juez este cambio de nombre y hay abundante jurisprudencia sobre el particular. La propia ley prevé en el artículo 17 el trámite que deberá seguirse para obtener estas modificaciones del nombre: “Art. 17.- La modificación, cambio o adición de nombre o apellido tramitará por el proceso sumarísimo, con intervención del Ministerio Público. El pedido se publicará en un diario oficial una vez por mes, en el lapso de dos meses. Podrá formularse oposición dentro de los quince días hábiles computados desde la última publicación. Deberá requerirse información sobre medidas precautorias existentes a nombre del interesado. La sentencia es oponible a terceros, y se comunicará al Registro del Estado Civil”. La ley se ocupa también de la rectificación de errores materiales en la partida, en la segunda parte del artículo 15 y en el artículo 18. Hemos dicho que la inmutabilidad y obligatoriedad son caracteres del nombre frente a la autoridad pública, pero ello no impide que en los actos jurídicos privados (testamentos, contratos, etc.), las personas puedan designarse o ser designadas, bien con el nombre que les corresponde de acuerdo a los principios señalados, o bien con otro cualquiera que hubieren libremente adoptado, como es, por ejemplo, el caso del seudónimo, del sobrenombre, etc. En tales casos ese acto jurídico privado será perfectamente eficaz y válido, si la identidad de la persona que ha figurado en el acto con un nombre distinto del que le corresponde, apareciese indudable a través de otras circunstancias, o de los elementos del mismo acto. En cuanto a la imprescriptibilidad ya hemos dicho que el nombre no se pierde por el no uso, ni puede adquirirse (con las excepciones apuntadas) por el uso prolongado.

9 La inenajenabilidad, por su parte, consiste en que la persona no puede ceder el nombre para que otro lo use en su reemplazo. Se advierte aquí una diferencia neta con el derecho de propiedad, al cual se pretendió asimilar en un tiempo el derecho al nombre. 5) Protección Hemos dicho ya que el nombre es un verdadero derecho subjetivo privado, aunque presente modalidades propias de un deber u obligación. Debemos estudiar ahora las acciones por medio de las cuales se brinda protección al nombre. En primer lugar tenemos la acción de reclamación del nombre, que supone que una tercera persona, sin razón jurídica alguna a su favor, niega ilegítimamente el derecho de otra a usar un nombre y

esa

negación

trasciende

en

la

vida

de

relación.

La

persona

lesionada por esta negación de su nombre tiene derecho a reclamar que cesen esos actos y, al mismo tiempo podrá solicitar la reparación del agravio moral que se le ha causado. La otra acción protectora del nombre presupone que alguien ha hecho uso ilegítimo o usurpado el nombre de otra persona. Por supuesto que no puede hablarse de uso ilegítimo en los frecuentes casos de homonimia, es decir de personas que tienen los mismos prenombres y apellidos. La ley 18.248 ha reglamentado esas dos acciones. La de reclamación de nombre se pone en movimiento cuando alguien -de buena o mala fe, judicial o extrajudicialmente- se rehusa a reconocer que nos pertenece el nombre que ostentamos, es decir “niega nuestro nombre”. Dice el “Art. 20.- La persona a quien le fuere desconocido el uso de su nombre, podrá demandar su reconocimiento y pedir se prohiba toda futura impugnación por quien lo negare. Podrá ordenarse la publicación de la sentencia a costa del demandado”. Esta acción tiene por objeto, como hemos dicho, lograr que se declare judicialmente que el nombre que se nos niega nos pertenece realmente. En la acción de “usurpación de nombre”, en cambio se

10 procura que cese un uso indebido que realiza otra persona que, ilegítimamente, emplea nuestro nombre. Por supuesto que para que la acción proceda debe tratarse de un uso realmente indebido, porque podemos encontrarnos frente a un homónimo -insistimos- en cuyo caso el uso sería debido y no existiría acción alguna para reclamar contra ese individuo. En tal supuesto, si el que se queja desea evitar confusiones, deberá agregar a su nombre otro medio de individualizarse. El artículo 21 se refiere a la acción de usurpación del nombre: “Art. 21.- Si el nombre que pertenece a una persona fuese usado por otra para su propia designación, ésta podrá ser demandada para que cese en el uso indebido, sin perjuicio de la reparación de los daños, si los hubiese. Cuando fuese utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía y causare perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese de uso y la indemnización de los daños. En ambos casos el juez podrá imponer las sanciones que autoriza el art. 666 bis del Código civil”. Advertimos en el segundo párrafo de este artículo 21, como una variante de la “usurpación” el uso del nombre de una persona para designar personajes de novelas, películas, etc. Tal actitud, cuando fuese maliciosa, da lugar a la indemnización de daños y perjuicios, además de la facultad de ha cer que cese la utilización indebida del nombre. Debemos insistir en que siempre que el uso indebido o la negación del nombre causen un daño, sea material o moral, podrá reclamarse la reparación del perjuicio. Por último, el artículo 22 determina quienes son las personas que pueden interponer las acciones protectoras del nombre, mencionando, además del propio interesado, a su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos. 6) El prenombre. Elección. Limitaciones Dispone el artículo 2 de la ley 18.248: “Art. 2..- El nombre de pila se adquiere por la inscripción

11 en el acta de nacimiento. Su elección corresponde al padre y a su falta, impedimento o ausencia de él, a la madre o a las personas a quienes hubiesen dado autorización. Si ambos faltasen o se encontrasen impedidos, pueden hacerlo los tutores, los curadores o el Ministerio de Menores y los funcionarios del Registro de Estado civil...” Recibe

así

consagración

legislativa

el

criterio

que

predominaba en doctrina y jurisprudencia y que había permitido sostener a los autores que “el derecho de elección está comprendido en los derechos que concede el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, en su caso”. Se trasluce también en esta norma la subsistencia del concepto de jefatura marital en el ámbito matrimonial, pues el poder de elección se confía en primer lugar al padre. Las concepciones más modernas, en cambio, sostienen que la elección del nombre de los hijos debe ser el resultado de la deliberación armoniosa de los cónyuges, sin perjuicio de que haya una facultad primaria de decisión a favor del cabeza de familia, pero con el contrapeso del recurso judicial en caso de decisión arbitraria del padre. Se menciona también a los funcionarios del Registro Civil entre los que pueden elegir el prenombre; les corresponderá ejercitar esta facultad en el caso de los niños abandonados o expósitos. Ya hemos visto antes que la jurisprudencia y la ley 13.030 habían limitado este derecho de los padres de elegir nombre de pila, imponiendo ciertas restricciones. La ley 18.248 ha tenido particularmente en cuenta todos estos antecedentes, al disponer su artículo 3 de manera general la libertad en la elección del nombre de pila, con ciertas salvedades que enumera en cinco incisos. “Art. 3.- El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con la salvedad de que no podrán inscribirse: 1) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone...”.

12 Este primer inciso recoge previsiones que ya habían sido ampliamente consagradas por la jurisprudencia y que contaban con el beneplácito de la doctrina. Por otra parte, su párrafo final no constituye un obstáculo para el empleo de prenombres que aunque empleados solos pueden corresponder al otro sexo, el uso ha consagrado junto con otros como pertenecientes a uno de ambos sexos; por ejemplo, Luis María o Carlos María (varones)

y de María José o María

Jesús (mujeres). El inciso 2 se refiere a los nombres extranjeros: “Art.

3.-

...

2)

Los

nombres

extranjeros,

salvo

los

castellanizados por el uso o cuando se tratase de los nombres de los padres del inscripto, si fuesen de fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos de funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulares, acreditadas ante nuestro país y de los de misiones públicas o privadas que tengan residencia transitoria en el territorio de la República. ...” . La segunda parte del artículo introduce un correctivo a las viejas disposiciones que vedaban el empleo de nombres exsdtranjeros, itiéndolos para los hijos de extranjeros que desempeñan en nuestro país misiones diplomáticas o aun de carácter privado, si son de naturaleza

transitoria,

y

evita

así

una

cantidad

de

planteos

judiciales, como los que se han producido antaño. Por nuestra parte pensamos que mientras los prenombres sean de fácil pronunciación y no resulten extravagantes o ridículos, no se justifican las limitaciones que se imponen a su elección. La mayor parte de los prenombres actualmente en uso se han originado en la fantasía de una persona, o en la adaptación de prenombres utilizados por otros pueblos (5). “Art. 3.- ...

3) Los apellidos como nombre:

4) primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos;

5

. Conf. Adolfo PLINER, trabajo citado, p. 488: "Hubiéramos recibido con aplauso una norma que permitiese dar forma castellana a cualquier prenombre extranjero..., pues la inmensa mayoría de los prenombres conocidos y usados en castellano tienen origen en lenguas extranjeras".

13 5) Más de tres nombres. ...”. La prohibición de utilizar los apellidos como nombre se justifica, pues tiende a evitar la confusión que surgiría de emplear como distintivo individual a vocablos que constituyen un elemento típicamente familiar. Quizás hubiese sido conveniente también contemplar la forma de solucionar la confusión inversa, que se da con cierta frecuencia, del empleo de prenombres como apellido (Jorge, Rafael, etc.), sin haberlos transformado en gentilicios, como se hacía en español antiguo (Diéguez, de Diego; Giménez, de Gimeno; Bernárdez, de Bernardo; etc.). La prohibición del inciso cuarto constituye al mismo tiempo una novedad y un acierto que tiende a evitar confusiones en la individualización de personas de la misma familia, procurando reducir las posibilidades de homonimia. En cuanto a la limitación del número de nombres de pila a un máximo de tres, está plenamente justificada, pues su exceso sólo trae inconvenientes y -a veces-, hasta confusión, pues la persona rara vez usa todos sus nombres y, sin embargo, en su documentación figura con algunos que resultan desconocidos para quien debe tratar con ella. Si el Registro del Estado Civil se negara a inscribir el prenombre elegido, por considerar que viola alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 3, la misma norma en su párrafo final dispone que el interesado podrá, dentro de los quince días hábiles de haberle sido notificada dicha resolución, recurrir “ante el tribunal de Apelaciones en los Civil”. BORDA pretende justificar esta disposición sosteniendo que de esa manera se ha eliminado la doble instancias judicial que es “innecesaria y engorrosa (6). Nosotros creemos que en este punto la norma invade la esfera procesal, reservada por la Constitución Nacional a las provincias; hubiera sido más conveniente que expresase en

términos

6

amplios

que

el

interesado

“podrá

recurrir

ante

la

. Guillermo A. BORDA, “La ley del nombre”, L.L., T. 136 - 1192, ap. III, Nº

7.

14 justicia”. 6-a) Prenombre de los hijos adoptivos Para terminar con lo relativo al nombre de pila veremos lo que dispone el artículo 13 de la ley 18.248: "Art. 13.- Cuando se adoptare a un menor de seis años, los adoptantes podrán pedir el cambio del nombre de pila o la adición de otro. Si fuere de más edad, se le podrá agregar otro nombre después del que anteriormente tenía el adoptado, con la limitación del artículo 3, inciso 5". Es decir que de ninguna manera los prenombres podrán exceder de tres. El artículo convalida una corriente jurisprudencial que reconoce como legítimo el afán de los padres adoptivos de individualizar al adoptado por un prenombre elegido por ellos mismos, y no que les haya sido impuesto por extraños (7). El punto es discutido en la doctrina, con diversos argumentos, pero la ley zanja toda discusión, y ite de manera muy clara la posibilidad de modificar o adicionar el nombre de pila de los hijos adoptivos. La disposición abre brecha, sin duda, en el principio de la inmutabilidad del nombre y contribuye a poner de relieve -como lo señaláramos oportunamente- que en el concepto de los autores de la ley argentina el nombre no es una mera institución de policía civil, sino que constituye principalmente un derecho subjetivo privado. 7) El apellido a) Hijos matrimoniales En principio los hijos llevarán el apellido del padre, pero

7

. Sobre todo cuando se trata de niños abandonados y el nombre ha sido elegido por los funcionarios del Registro Civil.

15 podrán agregarle el de la madre. Se ite también el uso del apellido compuesto del padre: “Art.

4.-

Los

hijos

matrimoniales

llevarán

el

primer

apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre. Si el interesado deseara llevar el apellido compuesto del padre o el materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años. Una vez adicionado, el apellido no podrá suprimirse”. Esta disposición ha sido objeto de críticas, considerando que se confunde el apellido "compuesto" con el "doble apellido" (8). El apellido compuesto es siempre de tal naturaleza que sus elementos no pueden separarse, y en tal caso no resultará optativo para el interesado el quitarle o adicionarle nada, ni podrán los encargados del Registro del Estado civil fraccionarlo (9), porque estarían desnaturalizando uno de los elementos del nombre, que sirve -precisamente-

para

distinguir

la

familia

a

que

pertenece

la

persona. El doble apellido, en cambio, se forma con dos elementos: el primer apellido del padre y el primero de la madre. En nuestro medio, con frecuencia, ese doble apellido ha sido considerado como distintivo de una clase social, sobre todo en algunas provincias, donde esta especie de "nobleza sin pergaminos" procura todavía mantener ciertas notas que la diferencien de los hijos de inmigrantes o del pueblo. Creemos que para eliminar todo factor clasista y terminar con el sentido diferencial del doble apellido, debió haber sido impuesto con carácter obligatorio

-y no optativo-

dándole

difusión general, de manera similar a lo legislado sobre el nombre en España, Puerto Rico y Chile (10). En cuanto a la facultad concedida al hijo que hubiese sido

8

. Adolfo PLINER, trabajo citado, Nº 14, p. 489.

9

. Adolfo PLINER, trabajo y lugar citados en nota anterior.

10

. Ver las Conclusiones que sobre "Apellido o nombre patronímico" expusimos en el Instituto de Derecho Civil de Córdoba, el 18 de junio de 1962, en Cuadernos del Instituto, Memoria del año 1962.

16 inscripto solamente con el apellido del padre, de adicionarle el de la madre, después de haber cumplido los 18 años, hubiera sido conveniente que se le fijara un plazo de caducidad, pues de lo contrario podría pretender ejercitarla una persona de cincuenta o sesenta años, que durante toda su vida de relación ha sido conocida únicamente por el apellido de su padre, lo que es inisible (11). 7-b) Hijos extramatrimoniales La ley se ocupa primeramente del apellido de los niños que han sido reconocidos por uno o ambos progenitores, y en segundo lugar de los no reconocidos o expósitos. Dispone el: “Art. 5.- El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del padre. Podrá agregarse el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior...” -es decir en la hipótesis de los hijos matrimoniales- “... Sin embargo, si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre podrá, con autorización judicial, mantener el apellido materno cuando el hijo fuese públicamente conocido por éste. El hijo estará facultado también, con autorización judicial, para hacer la opción dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho años, de su emancipación o del reconocimiento paterno, si fuese posterior. Si la madre fuese viuda llevará su apellido de soltera”. La norma ha seguido los lineamientos generales que trazaba el artículo 6 de la ley 14.367, adaptándolos a la posibilidad de emplear

un

doble

apellido

formado

por

el

de

ambos

padres,

en

consonancia con lo que dispone el artículo 4 de la ley 18.248 para los hijos matrimoniales. La diferencia entre la norma vigente y la contenida en la ley 14.367 -que debe considerarse derogada- radica en que en el viejo

11

. Adolfo PLINER, trabajo y lugar citados.

17 régimen si el reconocimiento del padre era posterior al de la madre, el hijo mantenía el apellido materno, salvo que manifestase su voluntad en contrario; en cambio ahora deberá adoptar automáticamente el del padre, y si quiere conservar el de su madre, sin anteponer el del padre, necesitará para ello autorización judicial. El

hijo

puede

ejercitar

personalmente

estas

acciones

después de haber cumplido los dieciocho años, y en esta hipótesis sí se ha fijado un plazo de caducidad de dos años, que se computará a partir del momento en que “él cumpla la edad mencionada, o desde su emancipación anterior por matrimonio, o recién desde el reconocimiento del padre, si fuera posterior a estos hechos. Hijos abandonados o expósitos Con relación a los niños abandonados, dispone el: “Art. 6.- El oficial del Registro del Estado Civil, anotará con un apellido común al menor no reconocido, salvo que hubiese usado apellido, en cuyo caso se le impondrá éste. Si

mediare

reconocimiento

posterior,

el

apellido

se

sustituirá por el del progenitor que lo reconociere, en la forma ordenada en el artículo anterior. Si fuere conocido por el apellido inscripto, estará facultado para mantenerlo, de acuerdo con las reglas del mismo artículo. Toda persona mayor de dieciocho años que careciere de apellido podrá pedir ante el Registro del Estado Civil la inscripción del que hubiese usado”. Como ninguna persona puede carecer de nombre, es menester darle uno que sirva para individualizarla, y ese nombre deberá estar compuesto de sus dos elementos: prenombre y apellido. Respecto al prenombre de los niños expósitos o abandonados, ya ha dispuesto el artículo 2 la posibilidad de que sea elegido por los funcionarios del Registro

del

Estado

civil.

En

forma

concordante

el

artículo

6

establece que habrán de darle un apellido común, Estas normas vienen a sustituir lo que disponen sobre el particular las distintas leyes provinciales de Registro Civil; aunque

18 en cierta medida se trata de normas que reglan procedimientos, que el derecho adjetivo se encuentra aquí tan íntimamente vinculado al derecho de fondo, que a nadie se le ocurrirá sostener la inconstitucionalidad de la ley en este punto. Más aún, aunque la ley no lo dice, entendemos que el apellido que se imponga al niño debe ser de tal naturaleza que no permita inducir su condición de abandonado, pues no deben agregarse circunstancias

que

agraven

su

ya

triste

situación.

Muy

por

el

contrario, el jurista debe cuidar en todos los aspectos la forma de mitigar los problemas de la niñez abandonada, y en tal sentido hubiera sido conveniente incluir

-como lo hace la ley española-

la

prohibición de adjudicarle apellidos que dejen traslucir la condición de su nacimiento, como Expósito, por ejemplo. Hemos tenido oportunidad de desarrollar nuestro pensamiento sobre este punto en otro trabajo (12), al que remitimos por razones de brevedad. 7-c) Hijos adoptivos El tópico es regulado con más detalle que en la ley 12.352. Nos limitaremos a transcribir los artículos 12 y 14 de la ley 18.248, con brevísimo comentario: “Art. 12.- Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo, a pedido de éste, agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años. Si

mediara

reconocimiento

posterior

de

los

padres

de

sangre, se aplicará la misma regla. ...”. Queda bien claro que la facultad de agregar el apellido de sangre al del adoptante, corresponde a éste o al adoptado, y no puede ser impuesta por resolución judicial. “Art. 12.- ... Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el art. 4 ...”

12

. Ver nuestro: "Notas sobre el nombre de los niños abandonados en la legislación española", J.A. 1968 - II - sec. doct. p. 781, donde efectuamos una comparación con las normas entonces vigentes en nuestro país.

19 Es decir que podrá usarse sólo el apellido del padre adoptivo, o el apellido compuesto por los del padre y madre adoptivos, en la misma forma que los hijos matrimoniales. Esta disposición, combinada con los párrafos precedentes del mismo artículo, puede acarrear como resultado inconveniente el que un hijo adoptivo use tres o cuatro apellidos (los de sus padres adoptivos, más los de sus padres de sangre), como bien lo apunta PLINER (13). Concluye el artículo 12 expresando: “Art. 12.- ...

Si se tratare de una mujer cuyo marido no

adoptare al menor, llevará el apellido de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponer su apellido. Cuando la adoptante fuese viuda, el adoptado llevará su apellido de soltera, salvo que existieren causas justificadas para imponerle el de casada”. Por ejemplo que la persona a quien se adopte haya gozado en vida de ambos cónyuges de la consideración y trato que se brinda los hijos, y haya sido propósito de ambos el adoptarlo, lo que no llegó a concretarse por el fallecimiento del marido. A continuación el artículo 12 contempla los casos de revocación o nulidad de la adopción, disponiendo: “Art.

12.-

...

Revocada

la

adopción,

o

declarada

la

nulidad, el adoptado perderá el apellido de adopción. Sin embargo si fuese públicamente conocido por ese apellido podrá ser autorizado por el juez a conservarlo, salvo que la causa de revocación fuese imputable al adoptado”. La norma es clara y correcta. No merece comentario. 7-d) Castellanización de apellidos extranjeros El tópico está contemplado en el: “Art. 7.- Los extranjeros al solicitar la nacionalización argentina, podrán pedir a la autoridad que la acuerde, la

13

. Adolfo PLINER, trabajo citado, Nº 35, p.15.

20 adaptación gráfica y fonética al castellano de sus apellidos de difícil pronunciación”. La previsión es acertada; entendemos que, por analogía sería extensiva a los argentinos nativos, hijos de extranjeros que no hubiesen hecho uso de esta posibilidad de adaptación del apellido (1414). Quizás la única crítica que pudiera dirigírsele es que no consideramos necesario esperar la nacionalización del extranjero, sino

que

debería

itirse

la

posibilidad

de

castellanizar

el

apellido en cualquier momento, como una forma de integrar mejor a ese extranjero dentro de la comunidad nacional. 8) Nombre de la mujer casada Era una vieja costumbre que la mujer casada usara su apellido de soltera, unido por medio de la preposición "de" al de su marido. La inexistencia de normas que regularan dicho uso dió lugar a muchas discusiones doctrinarias y jurisprudenciales con anterioridad a la ley 18.248. La mayor parte de la doctrina nacional opinaba que se trataba de una "facultad lícita" para la mujer, pero que no tenía ni el deber ni el derecho de usarlo. Sin embargo, el uso del apellido del marido le estaba permitido, en primer lugar, porque no estaba prohibido, y, en segundo lugar, porque dicho uso es conforme con su estado civil de casada, razón por la cual no podía significar una usurpación de nombre. Por otra parte, la jurisprudencia juzgaba que la negativa infundada de la mujer a usar el apellido del marido podía importar en determinadas circunstancias una injuria grave, causal de divorcio. La ley incluye ahora una serie de normas, algunas de las cuales receptan la doctrina y jurisprudencia dominantes en la materia y otras se apartan de ella. En primer lugar dispone el artículo 8:

14

. Conf. Adolfo PLINER, trabajo citado, Nº 22, p. 11; en contra Guillermo A. BORDA, trabajo citado, ap. III, Nº 16, p. 4.

21 “Art. 8.- La mujer, al contraer matrimonio, añadirá a su apellido el de su marido, precedido por la preposición “de”. Si la mujer fuese conocida en el comercio, industria o profesión por el apellido de soltera, podrá seguir usándolo después de contraído el matrimonio, para el ejercicio de esas actividades”. Se consagra así el deber de utilizar el apellido del marido,

pero

se

reconocen

excepciones

en

que,

mediando

causas

justificadas, podrá continuar empleándose el apellido de soltera. Con respecto a los casos de divorcio, nulidad de matrimonio o viudez, dispone la ley: “Art. 9.- Decretado el divorcio será optativo para la mujer llevar o no el apellido del marido...” Se adopta así la solución sostenida por BORDA en un voto minoritario15, donde expresó que "la mujer divorciada no está obligada a llevar el nombre del marido, cualquiera sea la causa del divorcio", frente a la mayoría de la Cámara que sostuvo que continuaba obligada a usar el apellido del marido. Por nuestra parte, en el año 1962, habíamos sostenido en el Instituto de Derecho Civil de Córdoba16 una conclusión similar a la que luego desarrollara BORDA en el mencionado voto. Finaliza el artículo 9 disponiendo que: “Art. 9.- ... Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido del marido podrán prohibir a la mujer divorciada el uso del apellido de su cónyuge”. Queda motivos

que

se

librado

al

esgrimen

arbitrio son

judicial

suficientemente

determinar graves

si

como

los para

justificar esta prohibición de uso del apellido del marido. Respecto al caso de nulidad de matrimonio, la solución lógica -en principio- es que se pierda el derecho a usar el apellido del marido (art. 11, primer párrafo), pero se ite que los jueces autoricen a la mujer a continuar usándolo, cuando tuviera hijos y

15

. Fallo 4.378, del 27 de mayo de 1964, El Derecho 8 - 179.

16

. Ver Cuadernos del Instituto de Derecho Civil de Córdoba: conclusiones de la exposición realizada sobre “Apellido o nombre patronímico” el 18 de junio de 1962, en Memoria del Instituto, año 1962.

22 fuese de buena fe (segundo párrafo del mismo art. 11). Con relación a la viuda, dispone el: “Art. 10.- La viuda está autorizada para requerir ante el Registro del Estado Civil la supresión del apellido marital. Si contrajese nuevas nupcias perderá el apellido de su anterior cónyuge”. La

solución

es

acertada,

pero

la

ley

ha

dejado

sin

contemplar el caso de la cónyuge de un con presunción de fallecimiento. El problema se ha planteado ya ante la Dirección de Registro Civil de la Capital Federal que ha denegado la supresión del apellido del marido ausente, por no existir en la ley disposición expresa en tal sentido. Consideramos que la solución es errónea, porque la declaración

de

ausencia

con

presunción

de

fallecimiento

está

inspirada por un principio ordenador: equiparar el fallecimiento presunto a la muerte probada, en sus efectos. 9) Seudónimo El seudónimo no es el nombre real, sino el que usa el individuo para distinguirse en algunos actos de su vida. Generalmente su uso se encuentra más difundido en el campo artístico: teatro, literatura, pintura, etc. Cuando el seudónimo se convierte en un modo de individualizar a la persona que lo usa, también estará protegido por las acciones de negación y usurpación del nombre. Ya hemos dicho que la ley 11.723, (derechos intelectuales), le brindaba protección en ese terreno; ahora dispone el artículo 23 de la ley 18.248: “Art. 23.- Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre".