Fines Del Sindicato 5r191p

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO LEGISLACIÓN LABORAL FINES Y NATURALEZA DEL DERECHO COLECTIVO 1.

LOS FINES DEL DERECHO COLECTIVO

Lo hemos expresado a lo largo de esta obra, pero ha llegado el momento de decirlo con mayor énfasis: para entender el Derecho colectivo no hay que partir del supuesto de la lucha de clases y de su lema: "proletarios de todos los países: ¡unios!". En realidad el Derecho colectivo del trabajo es la consecuencia de la tendencia fundamental de la clase obrera, o sea, lograr la unidad proletaria; de su exigencia para que sean reconocidas tanto sus agrupaciones de resistencia, como sus formas de lucha social. El Derecho colectivo implica el reconocimiento estatal de la fuerza social del proletariado. Y en cierta manera, cuando en México se ite que existe la fuerza social de la clase trabajadora, pero se vive en un sistema burgués, el derecho colectivo es el hábil instrumento de que se vale el Estado para controlar los fenómenos sociales. El sindicalismo se convierte así en un trámite istrativo y el derecho de huelga en un procedimiento jurisdiccional. En el Derecho colectivo del trabajo se hace evidente, de acuerdo a sus límites, aún mejor que en el Derecho individual, la tendencia social del Estado. La integración del sindicalismo a la estructura del Estado (Italia fascista, Alemania nazi, Portugal, hasta antes de la formación del Estado socialista y, de manera especial, la España franquista), expresa un sistema totalitario. El sindicalismo mediatizado y la huelga condicional, con arbitraje previo y obligatorio, ponen de manifiesto la estructura esencialmente burguesa y liberal de un régimen, v. gr., los Estados Unidos de Norteamérica. El sindicalismo que formalmente depende del reconocimiento estatal y la huelga que debe de intentarse por cauces jurídicos, por más que el arbitraje se realice a posteriori y sólo a petición sindical, identifican a los países burgueses de legislación social avanzada. México es un buen ejemplo. El sindicalismo plural y libre y la huelga como fenómeno social: Francia e Italia, comprueban la existencia de una clase obrera consciente de su propia fuerza, politizada y altamente compenetrada de su función primordial que es la de ser un instrumento de la lucha de clases, y de su fin último: que desaparezca la propiedad privada de los medios de producción. En este caso el Estado representa con absoluta claridad un interés de clase. Por último: el sindicalismo en el poder, obtenido por la vía electoral, pero montado en una estructura capitalista constituye la mejor demostración de la ineficacia de la vía pacífica para obtener la transformación social. La Gran Bretaña, en

términos de cultura y de profundo respeto institucional, es un buen ejemplo. En otro orden la España republicana y Chile, cuyas experiencias democráticas y gremiales fueron destruidas por la fuerza de las armas ajenas y de la represión increíble, son prueba también de lo inútil que resulta que los trabajadores obtengan el poder sólo por la fuerza de sus votos. Nosotros intentamos hacer aquí una obra de Derecho mexicano. En esa medida, al expresar cuáles son los fines del Derecho colectivo, tenemos que referirnos a la realidad jurídica y social de México. De ahí que, pese a lo interesante que podría ser el comparar a fondo los diferentes sistemas, tengamos que limitar nuestra exposición al examen del fenómeno en nuestro país. Por otra parte, la determinación de los fines del Derecho colectivo tendremos que hacerla ubicándonos, no sólo en la realidad social de México sino, fundamentalmente, atendiendo a su expresión jurídica. Queremos hacer Derecho del trabajo y no política social. Claro está que en nuestra disciplina es difícil llevar a cabo una separación radical. Y además, sentimos una absoluta necesidad personal de exponer nuestra opinión social. Por ello, dentro de un cauce preferentemente, pero no exclusivamente jurídico, habremos de desarrollar este tema. Los fines del Derecho colectivo en México son, en realidad, fundamentalmente tres: la nivelación de las fuerzas sociales mediante el reconocimiento a los organismos de representación clasista: el establecimiento de sistemas normativos adaptados a las situaciones particulares de las empresas y, por último, el reconocimiento estatal de la autodefensa proletaria. Estos tres fines se expresan en las tres instituciones fundamentales del Derecho colectivo en México: el sindicalismo, la contratación colectiva y el derecho de huelga. Un poco enfrente de las tres instituciones fundamentales y re cogiendo particularmente los intereses patronales, en el Derecho colectivo se regulan otras instituciones que, en cierta medida, son compensatorias. Al sindicalismo obrero se antepone, con evidente menor relieve, el sindicalismo patronal. Al contrato colectivo, el reglamento interior de trabajo. Al derecho de huelga, el conflicto colectivo de carácter económico que puede traducirse en la modificación, suspensión o terminación colectiva de las relaciones de trabajo. De esto deriva que pueda reconocerse al Derecho colectivo del trabajo, en nuestro país, una finalidad esencial: la de constituir un elemento de equilibrio. Queda fuera de la balanza jurídica, la fuerza económica de las empresas. Por ello la tendencia de la ley en favor de los trabajadores les otorga ventajas que se compensan con la indiscutible mayor capacidad económica patronal.

Al margen de las consideraciones jurídicas debemos agregar que para entender mejor este fenómeno hay que vincularlo a la estructura política de nuestro país, ella misma determinada por las condiciones económicas. En realidad las dos clases sociales, en lucha evidente en su base, vienen a coincidir en la superestructura en cuanto ambas constituyen factores reales de poder del Estado. A la misma mesa se sientan los representantes de la Iniciativa Privada y los del Congreso del Trabajo y llegan a crear, arbitrados por el Estado, fórmulas de claro entendimiento. La labor de la Comisión Nacional Tripartita, particularmente con respecto a la vivienda obrera, fue prueba excelente de ello. En otros tiempos el apoyo se hacía evidente en favor de uno u otro grupo. El cardenismo manifestó ciertas simpatías por el movimiento obrero, pero dejó el camino abierto a un sistema contrario. De Ávila Camacho a Díaz Ordaz, el desarrollo fue la meta a seguir, con todo lo que implicaba de preferencia para el capitalismo. En alguna medida ello des balanceaba el equilibrio. El gobierno de Echeverría nació con la orientación tripartita y, en rigor, se mantuvo en esa línea que constituye, sin duda alguna, un avance social respecto de la política seguida desde 194U a 1970. López Portillo no tuvo otra alternativa que luchar en contra de la crisis económica. Ello no le permitió adoptar posiciones cómodas. Para Miguel de la Madrid la opción, esencialmente semejante, fue sin embargo, mucho más difícil. Carlos Salinas de Gortari se inclinó por una solución claramente anti sindical y el mismo camino siguió el Presidente Ernesto Zedillo aunque el fallecimiento de Fidel Velázquez haya acabado de debilitar al tradicional y corporativo "Movimiento obrero" En crisis evidente. Vicente Fox mantuvo una notoria indefinición. Felipe Calderón ha seguido la misma línea con un sentido notablemente patronal, lo que se ha manifestado en su apoyo a las empresas mineras y en su rechazo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Por otra parte, prospera en México el sistema del outsourcing que inventa empresas proveedoras de mano de obra y las hace insolventes para no poner en riesgo a las empresas arrendadoras. Puede verse el libro "El outsourcing" Visión Iberoamericana, del que son autores Mario Ackerman, Rafael Alburquerque, Néstor de Buen, Wagner Giglio, Alfredo Montoya Melgar, Emilio Morgado Valenzuela, Rolando Murgas Torrazza, Mario Pasco Cosmópolis y Juan Raso Delgué, con prólogo de Carlos de Buen Unna. Editorial Porrúa, México. 2 0 1 1 . En los incisos mencionados.

siguientes

estudiaremos,

en

particular,

los

fines

2. LA

NIVELACIÓN DE LAS CLASES EN PUGNA

La Revolución industrial como fenómeno económico y la Revolución liberal de 1789 como expresión política, son los acontecimientos que rompen con el absolutismo y dan pie al al poder de la burguesía. De las primeras medidas que ésta toma destacan si Edicto Turgot y la Ley Chapelier, así como las disposiciones del Código penal francés ya que constituyen los instrumentos básicos de defensa frente al naciente proletariado. El Edicto Turgot certifica la defunción del sistema gremial y la Ley Chapelier lo confirma, pero en realidad sus autores pensaban, particularmente en la Ley Chapelier, en el futuro y no en un pasado irremediablemente superado. En 1791, al dictarse la ley se niega expresamente el derecho de los trabajadores para reunirse y asociarse en defensa de sus "pretendidos derechos (Cabanellas: Derecho sindical y corporativo, p. 75) y el Código penal se encargaría pocos años después de reforzar esa tesis al constituir en delito el agrupamiento sindical. En realidad la burguesía tomó conciencia inmediata de que su contrario natural ya no eran los absolutistas sino las masas de trabajadores de cuya explotación obtenía el poder económico. Por ello intenta mantener separado al proletariado, para que no integre en la unidad, un poder paralelo al propio. En el siglo XIX se ponen de manifiesto las dos tendencias. La soberbia de la burguesía va cediendo paulatinamente ante la acción de los trabajadores que, en primer lugar, tímidamente, recurren al mutualismo y después al cooperativismo. Durante años, tal vez los primeros cincuenta del siglo XIX, se va desarrollando un movimiento sordo hacia la unidad que se pondría de manifiesto en las explosivas exigencias del Manifiesto Comunista de 1848. Después otros acontecimientos, particularmente la Comuna de París de 1871, habrían de otorgar al proletariado un papel principal en la historia social, lo que aunado al internacionalismo proletario, nacido en Londres, en 1864 (ver t. I, cap. XI, n 9 2), llevó a que fueran reconocidos por el Estado los derechos de asociación y de sindicalización. La idea sustancial del Derecho colectivo, mediante el reconocimiento del derecho de los trabajadores de unirse en defensa de sus intereses comunes es la de que con ello se produce una nivelación de fuerzas. Lo que puede ser una actitud de soberbia ante el trabajador sólo habrá de convertirse en una actitud de respeto ante la unión de los trabajadores. Y precisamente el Derecho colectivo proyecta esa unión en términos piramidales: sindicato (a veces, previamente integrado por secciones), federación, confederación. En la esfera internacional, ya fuera del alcance de las legislaciones locales, el internacionalismo se expresa por los centros de poder masivo. Y se mantiene, aún en esos niveles, la tendencia a la unidad, que alcanza su mejor momento al término de la Segunda Guerra mundial ver t. I, cap. XIII, n 9 6, El movimiento obrero internacional), en el nacimiento de la Federación

Sindical Mundial, como consecuencia del Congreso Mundial de Sindicatos celebrado en París en 1945 y que se escinde, casi de inmediato, al producirse el conflicto entre las potencias victoriosas, dando nacimiento a lo que se llamó la "Guerra Fría". Es obvio que no toda unión sindical lleva consigo, necesariamente, la nivelación de las fuerzas. No se trata de una panacea milagrosa Es preciso, además, que los trabajadores tengan conciencia de clase y que accedan al sindicalismo democráticamente y no por la vía del hábito o la necesidad. De la misma manera en ocasiones los sindicatos llegan a imponerse a las empresas, generalmente cuando representan un grupo social que monopoliza, por razones de técnica o de nacionalidad o ambas, una determinada actividad. Ninguna de las soluciones es buena, si se parte del supuesto de la base capitalista en que vivimos. El sindicalismo débil propicia la explotación de los trabajadores; el capital en desventaja lleva a la ruina a las empresas y conduce, bien a que se cierren las fuentes de trabajo, con lo que los propios trabajadores son los principales sacrificados o bien hacia una política de subsidios gubernamentales absolutamente perniciosa, que desvía de su destino natural los recursos para canalizarlos hacia un grupo privilegiado, sin conciencia de clase, y con una conducta que raya en lo ilícito. Los perjuicios de estas situaciones para la clase trabajadora, en general, son tan evidentes, que no necesitan demostrarse. 3. LA

FINALIDAD NORMATIVA

En la definición misma del contrato colectivo de trabajo, contenida en el art. 386 encontramos la raíz de la finalidad normativa del derecho colectivo. "Contrato Colectivo de Trabajo -nos dice— es el convenio celebrado... con objeto de establecer las condiciones según las cuales, debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos". Por finalidad normativa entendemos, entonces, que a través del pacto celebrado entre uno o varios sindicatos obreros y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, se establecen reglas generales que servirán de modelo de observancia obligatoria, al constituirse las relaciones individuales de trabajo. Al señalar cuáles son las características primordiales del Derecho del trabajo dijimos que es considerado por algunos autores como un mínimo de garantías sociales para los trabajadores, susceptible de ser mejorado por la vía de la contratación individual o colectiva. Inclusive el texto del art. 56 de la ley afirma, en cierta manera, la misma idea: "Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley..." Ello significa que está en la naturaleza misma del Derecho laboral la posibilidad de su transformación, en beneficio de los trabajadores, en términos que sean adecuados a las necesidades de éstos y a las posibilidades de las empresas.

Esta misma idea se expresa cuando se dice que el Derecho colectivo es un instrumento de equilibrio, entendiéndose por tal, la adecuación de los beneficios de los trabajadores al estado económico de la negociación a la que presta sus servicios. Lo "normativo", como cualidad del Derecho colectivo que se particulariza en los contratos ley, en los contratos colectivos de trabajo y en las sentencias colectivas, esto es, las resoluciones de los tribunales de trabajo que establecen nuevas condiciones de trabajo, significa en realidad un paso intermedio entre la ley y el contrato individual. Kelsen nos dice que: "Ya en el derecho privado es posible encontrar convenciones (contratos) que dan nacimiento a normas generales. Especialmente el desarrollo de las últimas décadas ha hecho en gran medida posible, en el terreno del derecho social, la creación convencional de normas generales". Y agrega Kelsen: "Citemos, como ejemplo la "convención colectiva" concluida entre organizaciones patronales y obreras, a la cual la ley da fuerza obligatoria para los de la organización y a veces también para patrones y obreros ajenos a las organizaciones contratantes. De este modo es creada una forma manifiestamente intermedia entre lo que se llama ley y lo que se denomina acto jurídico, formas las dos últimas a las que habitualmente se pretende considerar como opuestas entre sí" (El contrato y el tratado, j). 13). Aun cuando en el Derecho laboral no es válida la tesis de la pirámide jurídica de Kelsen, ya que debe aplicarse siempre la norma más favorable al trabajador y no la de mayor jerarquía, en realidad su esquema nos permitirá entender mejor la finalidad normativa implícita en el derecho colectivo. Así podremos mencionar que existen tres clases de normas fundamentales, dictadas por el Constituyente, por el legislador ordinario o por los titulares federales o locales del Poder Ejecutivo, respectivamente, de las que pueden predicarse los atributos típicos de la ley: generalidad, obligatoriedad y abstracción. A mayor abundamiento son normas de aplicación internacional (convenio OIT) nacional o estatal. Enseguida aparecen en la escala normativa los convenios colectivos que son también generales, obligatorios y abstractos, pero ya sólo respecto de una rama determinada de la industria (contrato-ley, art. 404), de una empresa o de un establecimiento (contrato colectivo, art. 386). Por último, en la base se encuentran los actos generadores de relaciones individuales de trabajo cuyas notas características serían la particularidad, la concreción y la obligatoriedad. Puede diseñarse el siguiente cuadro: Constitución Art 123 Normas generales de aplicación Convenios internacionales Federal o estatal Ley Federal del Trabajo Reglamento de la Ley

Contratos-ley y contratos Normas generales para industria, colectivos de trabajo Empresa o establecimiento (nacen del derecho colectivo ) Contratos individual de trabajo o Normas individualizadas cualquier acto creador de relaciones Individual de trabajo La escala intermedia representa la finalidad normativa del Derecho colectivo. En realidad ha constituido, con el derecho de asociación profesional precedente y con el derecho de huelga que es su mejor instrumento coactivo, el elemento dinámico que enriquece al Derecho del trabajo. Su importancia es de tal naturaleza que, inclusive, ha servido de modelo al legislador de 1970 el que introdujo en la ley instituciones tomadas de los contratos colectivos más elaborados, v. gr., prima de vacaciones, prima de antigüedad, aguinaldo, estabilidad absoluta después de 20 años de servicios, etc.. Después veremos, al explicar en particular el contrato colectivo de trabajo, cuáles son las características fundamentales de la cualidad normativa del Derecho colectivo. 4. LA

AUTODEFENSA DE LOS TRABAJADORES

La inclusión en la frac. XVII del art. 123 constitucional del derecho de los trabajadores a ir a la huelga atribuyó a este instrumento fundamental de la lucha de clases la naturaleza de una garantía social. El constituyente convirtió en un derecho de precisos alcances lo que hasta ese momento era un acto de fuerza v de sacrificio. Después, las leyes reglamentarias del art. 123, esto es, la LFT de 1931 y la vigente revestirán al derecho de huelga de un cúmulo de condiciones y requisitos cuya finalidad, se ha comprobado, tiene más de control estatal que de cauce fácil para el ejercicio de las fuerzas sociales. Alfonso López Aparicio, excelente laboralista mexicano, califica a la huelga de instrumento de "autodefensa obrera" (El derecho latinoamericano del trabajo, Cap. VIII, "México", inciso Derecho Colectivo del trabajo, t. II, pp. 80 y ss.) y dice de ella que es una "institución jurídica" y que "el derecho mexicano ofrece un marco institucional a la huelga y su ejercicio" (ibídem). Creemos que las ideas anteriores ubican a la huelga, que es el brazo armado de la colectividad obrera, en su lugar justo, dentro del sistema jurídico mexicano. En realidad el derecho de huelga es autodefensa porque se trata

de una coacción ejercida por la sola fuerza de los trabajadores que a tal efecto, deben ser mayoritarios, sin que cuenten en la huelga los de confianza (arts. 451-11 y 931-IV). El Estado, aunque interviene, sólo lo hace para precisar el ángulo jurídico del conflicto y para dar pie, de manera forzosa, a un encuentro de las partes, previo a la huelga que pueda derivar en un arreglo de sus intereses. Tal es la audiencia de conciliación. Pero el Estado, al menos en México, no arbitra, ni antes, ni después, salvo que estallado el movimiento y siendo existente, los propios trabajadores soliciten su arbitraje. Por ello la huelga es autodefensa ya que sólo las fuerzas de los trabajadores y de su organización y su capacidad de resistencia —y eventualmente las de otros organismos obreros en la huelga por solidaridad— están en juego. En alguna medida recuerda la institución de la legítima defensa, propia del derecho penal, aun cuando difiere de ésta en que la legítima sólo se justifica ante la ausencia de autoridad mientras que la autodefensa obrera presume y exige la intervención del Estado, a través de sus organismos jurisdiccionales especializados. La huelga opera como un instrumento de fuerza, si bien su fin último es la absoluta pasividad. No constituye el derecho a no trabajar, lo que podría identificar a una conducta individual, sino el derecho a suspender el trabajo en una empresa o en un establecimiento, lo que perfila una exigencia colectiva. La huelga, en alguno de sus principales objetos se convierte en el instrumento de presión para que el patrón cumpla con la obligación legal de otorgar o revisar el contrato colectivo de trabajo o el contrato-ley. La presencia de la huelga, que es el legal ejercicio de la violencia, destruye la pretensión de que en la celebración del contrato colectivo o en su revisión juegue la voluntad como elemento esencial. Si se contemplara el fenómeno de la huelga al amparo de una concepción tradicional del negocio jurídico, tendría que ser calificada de acto de violencia, determinante de la nulidad relativa del convenio subsecuente. La huelga no es, sin embargo, un arma destructora. Ha sido calificada, con razón, como una pistola de un solo tiro. Su eficacia mayor está en la amenaza, pero a partir de que estalla, la falta de salarios hace mayor daño a los trabajadores, que la falta de producción al patrón. Y, en cierta manera, esa condición ayuda a resolver los conflictos. Los perjuicios innegables que las partes resienten, unos en la imposibilidad de satisfacer sus necesidades vitales y otros en la de cumplir su función esencial en la vida económica, propician el mutuo entendimiento y disminuyen las tensiones. El sacrificio que pueda suponer el aceptar una solución conciliatoria, se convierte en un sacrificio menor. Y así se llega a los arreglos. Para ello, en nuestro país, se han integrado organismos de conciliación excepcionalmente eficaces aunque sean ajenos al procedimiento legal de huelga. 5. EL

LADO PATRONAL DEL DERECHO COLECTIVO

En las fraccs. XVII y XVIII del art. 123 constitucional se consagran, en un curioso equilibrio, dos derechos paralelos: el derecho de asociación profesional que se atribuye tanto a los obreros como a los empresarios, permitiéndoles coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc., y el derecho de huelga, consagrado en la fracc. XVII que aparece consignado al lado del derecho al paro, lógicamente patronal. La ley perfila con mayor precisión el ejercicio de ambos derechos patronales y crea, además, la institución del reglamento interior de trabajo como contrapartida del contrato colectivo. Es obvio que este paralelismo es más geográfico: de ubicación o terminológico, que real. El sindicalismo patronal cumple funciones de defensa clasista, pero no es un instrumento eficaz en las relaciones de empresa. El paro no constituye un instrumento de autodefensa, sino una acción sometida a procedimientos estrictos de índole jurisdiccional: el conflicto de orden económico, cuya eficacia es totalmente discutible. Por último: no existe un procedimiento legal que pueda obligar a los trabajadores a aceptar la firma de un reglamento interior de trabajo lo que limita extraordinariamente la posibilidad de otorgarlo. Sin embargo hay ya un precedente de jurisprudencia que en una interpretación extensiva de lo previsto en la frac. IV del art. 424, atribuye a las juntas de conciliación y arbitraje la facultad de constituir un reglamento. (Ver infra, cap. LXIX, n9 5). Este aparente desequilibrio tiene, en realidad, y como antes dijimos, una justificación. El legislador presume —y no le falta razón— que la fuerza jurídica menor queda compensada con el mayor poder económico. Este trae consigo, regularmente, mejores instrumentos de defensa, tanto profesionales como de influencia. De allí que sea una medida sabia propiciar jurídicamente un desequilibrio que se compensa con las mejores posiciones patronales en los órdenes ya señalados. La ley, de esa manera, cumple una función compensadora, de armonía y ubica al Estado en una posición inmejorable para determinar la solución de los conflictos en favor de una u otra clase social. Esa decisión dependerá, en buena medida, de la política social, provocada a su vez por la fuerza que pueda tener cada uno de estos factores reales de poder. El Derecho colectivo surge entonces como un instrumento eficacísimo de política social. Así como en el derecho individual el Estado tutela y protege al trabajador, reduciendo a límites estrechísimos el juego de su voluntad, en el Derecho colectivo el Estado permite un juego de intereses que si desborda los límites de lo razonable, concluirá con la represión, tan bestial como sea necesaria. Pero en el proceso normal de la vida económica de los conflictos se convierten en instrumentos de juego político y la simpatía o antipatía por alguna de las clases en pugna o la fuerza mayor o menor que demuestren, será factor de decisión.

6. LA

NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO

No hay unanimidad doctrinal acerca de la naturaleza jurídica del Derecho colectivo. Juan D. Pozzo sustenta la tesis de que se trata de un Derecho privado de características especiales. "En resumen -dice el maestro argentino-, si bien el Derecho privado y el Derecho colectivo de trabajo presentan distintas características y regulan situaciones distintas, es necesario reconocer que tales diferencias son aparentes, pues en el fondo existe una estricta vinculación ya que la actuación de los institutos de carácter colectivo... tiene por finalidad última, el mejoramiento de las condiciones laborales para todos y cada uno de los trabajadores integrantes de ellos, es decir que el Derecho privado de trabajo evoluciona y progresa como consecuencia de la mayor actividad y representatividad de los organismos colectivos" (Manual..., t. II, pp. 6-7). En cambio De la Cueva, partiendo del supuesto de que el Derecho colectivo es un derecho frente al Estado, lo que le otorga el carácter de garantía constitucional y un derecho de una clase social: la trabajadora, frente al empresario, le atribuye naturaleza de Derecho constitucional y, por ende, de Derecho público (Derecho mexicano del trabajo, t. II, pp. 269-271). Ya antes expusimos nuestra opinión sobre el problema de la clasificación tradicional del Derecho en público y privado, y en un tercer género: Derecho social. Dijimos entonces (t. I, Cap. VI) que es discutible la validez científica de esas categorías y que por regla general es fácil encontrar en cada disciplina relaciones jurídicas y aún instituciones de carácter distinto. De ello deriva que la naturaleza de cada rama del Derecho pueda ser compleja. Con el Derecho colectivo ocurre que siendo cierto que constituye, en parte, Derecho público, ya que comprende todo un capítulo de garantías frente al Estado, en realidad la tendencia general de la disciplina lo encuadra y quizá en forma enérgica, como una expresión contundente del Derecho social, esto es, del que nace y se actualiza en beneficio de quienes pertenecen a una determinada clase social. No estamos de acuerdo con De la Cueva en su afirmación de que el Derecho colectivo es un derecho de la clase trabajadora frente a la clase empresarial. Lo hemos dicho antes y lo reiteramos, que es un Derecho que crea instrumentos de equilibrio, tanto para una como para otra clase. Basta descubrir el paralelismo, así sea relativo de sus instituciones, para llegar a la conclusión de que es un Derecho para ambas clases. 7.

LA

DEFINICIÓN DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO

No es fácil encontrar definiciones del Derecho colectivo del trabajo. Por regla general los autores eluden el compromiso de sintetizar el concepto, o bien, como ocurría en España, el Derecho colectivo carece de sustentación

legislativa, salvo que se reconozcan como tal a los instrumentos legales que reprimen sus manifestaciones. De ahí que los autores españoles solían hacer caso omiso del concepto. Hemos encontrado, sin embargo, dos definiciones. Una de Mario de la Cueva y otra de Guillermo Cabanellas. Vale la pena trascribirlas. Para De la Cueva "el derecho colectivo del trabajo es la envoltura del derecho individual del trabajo, del derecho protector de las mujeres y de los menores y de la previsión social; es el camino para la creación de estos estatutos y para vigilar su cumplimiento; es un derecho instrumental, medio para alcanzar un fin y tiene su apoyo en los derechos naturales de libertad e igualdad" (Derecho mexicano..., t. II, p. 217). Según Guillermo Cabanellas es "aquel que teniendo por sujetos a conjuntos o grupos de trabajadores y de patronos, en relación a condiciones de solidaridad provenientes de su condición de prestadores o dadores de trabajo, desarrolla su objetivo en organizaciones grupales determinando o fijando reglas comunes a las categorías profesionales o actuando en forma conjunta en la defensa de sus derechos e intereses" (Derecho sindical y corporativo.. . , p. 16). Ambas definiciones son aceptables, si se exceptúa la inclusión que hace De la Cueva de la previsión social como parte del Derecho colectivo, pero por ser descriptivas, tienden a ser demasiado amplias y por lo mismo, imprecisas. En nuestro concepto podría definirse el Derecho colectivo señalando que es "el capítulo del Derecho del trabajo que establece los cauces institucionales de la lucha de clases". Sobre las definiciones anteriores tiene las siguientes ventajas: a) Determina su condición esencial de ser una parte del Derecho del trabajo. b) Pone de manifiesto que es un Derecho cuyos destinatarios son, fundamentalmente, las clases sociales. c) Destaca la finalidad principal de señalar caminos jurídicos a los conflictos, que de otra manera se desarrollarían en términos de enfrentamiento directo. d) Es breve. De antemano aceptamos que esta definición refleja una tendencia social y aún política que no podrá ser itida por quienes niegan la existencia de la lucha de clases. Pero no nos parece que esa actitud sea otra cosa que intentar tapar el sol con un dedo.